Chilpancingo, Gro., 29 de octubre de 2024.- El Pleno del Congreso del Estado designó este martes, por unanimidad, a la ciudadana María del Rosario Zúñiga de la Rosa como presidenta del Ayuntamiento de Copala, Guerrero.
De acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión Especial para atender lo correspondiente a este municipio de la región Costa Chica, integrada por los diputados Jesús Eugenio Urióstegui García, Alejandro Bravo Abarca, Alejandro Carabias Icaza, Robell Urióstegui Patiño y las diputadas Erika Lorena Lührs Cortés y María Irene Montiel Servín, presidente, secretario y vocales de la misma, la designación es procedente tras haberse analizado y discutido la terna de personas avecindadas en el municipio que envió la titular del Ejecutivo estatal para ocupar dicho cargo.
El documento precisa que esto es en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, ante la ausencia definitiva del presidente municipal propietario, este por fallecimiento, y del suplente por la imposibilidad jurídica de asumir el cargo.
De este modo, la terna enviada por la titular del Ejecutivo estatal, Evelyn Salgado Pineda, estuvo integrada por María del Rosario Zúñiga de la Rosa, Sofía Calleja Joaquina y Roberto Bahena Clemente, resultando la primera como la persona más idónea para ocupar el cargo, quien cumple con todos y cada uno de los requisitos que marca la Ley.
Acuerdo
El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) presentó una proposición con punto de acuerdo por el que la LXIV Legislatura exhorta a los ayuntamientos Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala, Tixtla, Leonardo Bravo, Atoyac, Ometepec, Cuajinicuilapa, Eduardo Neri, Ayutla, San Marcos, Arcelia, Tecpan, Benito Juárez, Copala, Mártir de Cuilapan, Tecoanapa y Huamuxtitlán, así como a las entidades municipales OPD CAPAMA, DIF Acapulco, CAPAMI y SIMAPA Tixtla, a que de manera inmediata realicen el pago de sus adeudos al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), que garantice a todas y todos los servidores públicos, jubilados, pensionados y sus familiares el derecho humano a la seguridad social.
